El 25 de junio se definirá la apelación del fallo contra cuatro manifestantes detenidos frente al Congreso. La defensa cuestiona la condena y denuncia el uso del protocolo antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich.
El juez federal Martín Cormick hizo lugar a un amparo y dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Seguridad al señalar que invade facultades del Congreso y vulnera derechos fundamentales.
El magistrado había ordenado ayer al Gobierno porteño hacerse cargo del operativo y limitó a las fuerzas federales de Bullrich. Tras la decisión, el Gobierno nacional hizo una presentación ante el Consejo de la Magistratura y la Ciudad lo denunció.
El Centro de Estudios Legales y Sociales explicó que el arma que se utilizó y con la que se hirió a Pablo Grillo está prohibida en gran parte del mundo. "Es consecuencia directa del Protocolo Antipiquetes 943, que reintrodujo el uso de armas peligrosas en operativos en manifestaciones públicas", indicaron.
Luego de que la organización hiciera referencia a "serios retrocesos en el derecho a la protesta desde la implementación del protocolo", la ministra de Seguridad acusó a Amnistía de "estar del lado de los delincuentes".
Desde la organización recopilaron datos durante la presidencia de Javier Milei y advirtieron sobre "serios retrocesos en el derecho a la protesta desde la implementación del Protocolo Antipiquetes".
Participarán autoridades del Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, y la legisladora porteña Celeste Fierro, del Frente de Izquierda.
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