El autor es Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca y vocal titular de la Red de Jueces y Juezas Penales de la República Argentina.
Miembro de la Red de jueces del UNICEF y del Foro Penal Adolescente de la Jufejus y Consejero Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca.
En una democracia constitucional, los momentos de mayor tensión social suelen venir acompañados de una peligrosa tentación; exigirle a la Justicia respuestas inmediatas, contundentes y, sobre todo, alineadas con el clima emocional del momento. En ese escenario, no sólo se desdibujan los límites del rol judicial, sino que se instala una expectativa que, lejos de fortalecer el sistema, lo erosiona desde sus cimientos.
El problema no comienza cuando un juez o una jueza decide conforme al derecho, aun cuando esa decisión resulte impopular. El verdadero problema aparece antes; cuando se les demanda que decidan de otro modo. Cuando se espera que investiguen, que acusen, que castiguen sin prueba suficiente o que “den señales” frente a la inseguridad. En ese desplazamiento de expectativas, la Justicia deja de ser un poder del Estado para convertirse en un instrumento de validación social.
Pero una democracia no funciona así.
Cuando se exige a los jueces y juezas que suplan el rol de los fiscales, que corrijan investigaciones deficientes o que condenen para satisfacer demandas colectivas, no se les está pidiendo mayor compromiso; se les está pidiendo que abandonen la Constitución. Y una Justicia que abandona la Constitución no es más eficiente ni más firme; es, simplemente, arbitraria.
En el proceso penal, cada función tiene un sentido. Investigar, acusar, defender y juzgar no son tareas intercambiables. Son garantías. Son límites. Son, en definitiva, la forma en que una sociedad decide protegerse no sólo del delito, sino también del abuso del poder punitivo. Romper ese equilibrio, aun con buenas intenciones, implica retroceder hacia formas de ejercicio del poder que la historia ya ha demostrado profundamente injustas.
La presión sobre la judicatura suele intensificarse en contextos de dolor, inseguridad o conmoción pública. Allí se instala una narrativa peligrosa; la idea de que el problema es el juez o la jueza que “libera”, que “no actúa”, que “no acompaña lo que la sociedad pide”. Sin embargo, muchas veces lo que está en juego no es una falla judicial, sino una falla estructural previa; investigaciones mal realizadas, pruebas insuficientes o políticas públicas ineficaces.
Desplazar esa responsabilidad hacia quienes deben controlar el proceso es, en el mejor de los casos, un error; en el peor, una forma de encubrir déficits institucionales más profundos.
Porque cuando un juez o una jueza rechaza una acusación sin sustento, cuando absuelve ante la falta de prueba o cuando limita el accionar estatal conforme a la ley, no está frustrando a la sociedad; está cumpliendo con su deber. Está recordando que el poder tiene límites, incluso (y sobre todo) en los momentos de mayor tensión.
Lo verdaderamente preocupante no es que existan decisiones judiciales que incomoden, sino que se intente disciplinarlas. Que se promueva su descrédito cuando no coinciden con el humor social. Que se construya la idea de que la legitimidad de la Justicia depende de su capacidad para castigar.
Ese es el punto de quiebre.
Una Justicia que decide para agradar deja de ser un poder independiente. Y sin independencia judicial, los derechos dejan de ser garantías para convertirse en concesiones. En ese escenario, ya no importa quién sea juzgado; el problema es que nadie estará verdaderamente protegido.
La fortaleza de una democracia no se mide por la severidad de sus castigos, sino por la solidez de sus garantías. Por su capacidad de sostener reglas incluso cuando resulta incómodo hacerlo. Por su decisión de no ceder ante la lógica del atajo punitivo.
El día que naturalicemos que los jueces y juezas deben hacer lo que no les corresponde, habremos dado un paso silencioso pero decisivo hacia la arbitrariedad. Y cuando la arbitrariedad se instala, ya no hay seguridad posible, ni derechos efectivos, ni democracia que pueda sostenerse en pie.
Defender el rol de la Justicia no es proteger a quienes la integran. Es proteger el límite. Es sostener la idea de que el poder, en una democracia, no puede hacer cualquier cosa, aunque muchos lo reclamen.
Porque cuando la Justicia deja de ser Justicia, lo que se pierde no es una decisión. Es el Estado de derecho mismo.
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