La autora es abogada (Universidad Nacional de Tucumán) con Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos (Universidad de Palermo). Especialización en Igualdad y Violencia de Género (Universidad de Salamanca).
Esta semana, la Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia difundió una carta pública firmada por activistas, referentes políticos, docentes e investigadores para impulsar el debate legislativo sobre la regulación de la eutanasia en Argentina. La iniciativa se sostiene sobre tres ejes centrales: el derecho a decidir en el final de la vida, el acceso universal a los cuidados paliativos y el reconocimiento del derecho a la eutanasia.
La campaña propone abordar la discusión sobre eutanasia desde una perspectiva de derechos humanos, poniendo en el centro del debate el respeto por la autonomía, la dignidad y la libertad individual. Bajo ese enfoque, el comunicado sostiene que, “en determinadas situaciones de padecimiento intolerable, incurable y de sufrimiento persistente, las personas tienen derecho a decidir de manera libre, informada, fehaciente y acompañada sobre el final de su vida”.
La discusión no parte de un vacío normativo. En Argentina, la Ley de Derechos del Paciente —modificada en 2012 por la denominada Ley de Muerte Digna— reconoce el derecho de personas con enfermedades irreversibles, incurables o terminales a rechazar procedimientos médicos extraordinarios o desproporcionados, así como medidas de soporte vital destinadas únicamente a prolongar ese estado. Más recientemente, la Ley de Cuidados Paliativos consolidó la obligación estatal de garantizar una atención integral y el alivio del sufrimiento en el final de la vida. Sin embargo, el ordenamiento jurídico argentino todavía no contempla la posibilidad de solicitar asistencia médica para poner fin a padecimientos irreversibles bajo condiciones reguladas y controladas.
A lo largo de los últimos años se han presentado distintas iniciativas en el Congreso de la Nación para regular la eutanasia en Argentina. Actualmente, siete proyectos cuentan con estado parlamentario y provienen de distintos bloques políticos, lo que evidencia que la discusión ya logró consolidarse como un debate transversal en la agenda legislativa. En términos generales, las propuestas contemplan requisitos estrictos vinculados al consentimiento informado, evaluaciones interdisciplinarias y mecanismos de control destinados a garantizar seguridad jurídica.
Precisamente sobre este punto enfatiza el comunicado difundido esta semana. La campaña sostiene que “una regulación adecuada de la eutanasia establecerá marcos claros, controles estrictos y garantías para evitar abusos”, además de brindar respuestas frente a situaciones de sufrimiento que no pueden ser suficientemente aliviadas. El documento también subraya que cualquier regulación debe contemplar el derecho a la objeción de conciencia de las y los profesionales de la salud.
Darío Radosta, antropólogo, bioeticista e impulsor de la Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia, explicó que la importancia de impulsar hoy este debate radica en que “es un avance en materia de autonomía individual”. Según señaló, una ley que permita decidir cuándo terminar con la propia vida frente a un padecimiento considerado indigno “pone la decisión en manos de la propia persona y no del sistema médico o de algún esquema de pensamiento religioso que la persona no comparte”.
Para Radosta, además, la discusión responde a un clima de época en las sociedades contemporáneas: “Muchas sociedades humanas han abandonado la carrera por extender infinitamente la esperanza de vida y comenzaron a preguntarse cómo queremos vivir los momentos finales de nuestras vidas”. En ese sentido, sostuvo que debatir hoy una ley de eutanasia en Argentina implica también asumir una discusión ética y moral sobre “nuestra condición de seres finitos y nuestra fragilidad intrínseca”, y remarcó que una legislación de estas características resulta “claramente compatible con los principios constitucionales y jurídicos de una república democrática”.
Uno de los aspectos más relevantes del comunicado es que evita presentar la eutanasia y los cuidados paliativos como alternativas excluyentes. Por el contrario, afirma que ambos deben funcionar de manera complementaria. La garantía del derecho a decidir sobre el final de la vida, sostiene la carta pública, “debe ir de la mano del fortalecimiento de los cuidados paliativos”, asegurando el acceso universal a una atención integral de calidad.
Sobre este punto, Agustina Ramón Michel, profesora de derecho de la Universidad de Palermo e investigadora titular del CEDES, consideró que “una ley de eutanasia es lo que hace falta para completar un escenario legal de respeto a la autonomía personal en las decisiones de final de vida”. Según explicó, Argentina ya cuenta con normas vinculadas a derechos del paciente y cuidados paliativos, por lo que el debate actual debe centrarse en una pregunta fundamental: “¿Quién puede y debe decidir sobre cuestiones íntimas de cada persona: el Estado, un equipo médico, una jueza o cada persona?”.
Ramón Michel sostuvo además que el debate sobre eutanasia “no es un lujo ni un capricho”, sino una necesidad para completar “un marco normativo coherente que respete la autonomía personal, establezca criterios para evitar abusos o presiones y ofrezca pautas a los equipos de salud que hoy operan bajo mucha incertidumbre”.
Finalmente, la campaña solicita al Congreso promover un debate “plural, informado y respetuoso, basado en evidencia”, orientado a reconocer derechos y brindar respuestas jurídicas a situaciones humanas complejas que actualmente permanecen sin regulación adecuada. En definitiva, la discusión sobre eutanasia interpela no sólo a la medicina y al derecho, sino también a la capacidad de las instituciones para responder, con humanidad y garantías, frente al sufrimiento irreversible.
El formulario para adherir a la carta pública impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia se encuentra disponible en el siguiente enlace: LINK
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