En el hermético ecosistema del derecho penal argentino, donde la teoría suele asfixiar la realidad, la reciente intervención de la Dra. Florencia Corbelle ante la Red de Juezas y Jueces Penales ha funcionado como una granada de fragmentación empírica. Con la frialdad de quien ha pasado veinte años diseccionando expedientes y recorriendo tribunales, la investigadora del CONICET no ofreció una lectura jurídica amable, sino una autopsia sociológica de un sistema quebrado.
Su premisa es demoledora: la lucha contra el narcotráfico en Argentina no es una estrategia de seguridad nacional, sino un fenómeno social de persecución selectiva donde el dato mata, sistemáticamente, al relato oficial.
La conferencia moderada por Mario Velázquez, juez penal de Tucumán y presidente de la red, reveló una tensión insostenible: la brecha entre una legislación que pretende perseguir al crimen organizado y una práctica judicial que termina devorando a los eslabones más débiles de la cadena, atrapados en un laberinto de burocracia y prejuicios de clase.
La Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina organiza todos los viernes a las 19 horas una serie de conferencias online vía YouTube en las que se analizan distintos aspectos judiciales.
Este viernes 19 de junio será el turno del encuentro titulado "Ley 27.801: ¿Abordaje especializado en NNYA o sistema punitivo encubierto?" junto al Dr. Martiniano Terragni, abogado especialista y magister en Derecho Penal (UBA).
Terragni es docente de la cátedra de la profesora Mary Beloff de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de posgrados en la universidad de Buenos Aires, del Centro, de Córdoba, de San Martín, del Sur y de Palermo. Además, es investigador de proyectos UBACYT sobre el sistema penal juvenil.
La estructura legal de drogas en Argentina es un edificio en ruinas. Sobre la base de la Ley 23.737 (1989), se erigió en 2005 la Ley de Desfederalización (26.052), vendida como la solución para que la justicia federal se concentrara en los "peces gordos" mientras las provincias se hacían cargo del narcomenudeo. La realidad, sin embargo, ha sido la fractura del sistema, creando agujeros negros estadísticos donde la justicia se vuelve ciega y discrecional.
Lejos de una persecución estratégica, la desfederalización ha generado una disparidad de criterios que raya en la inseguridad jurídica. Mientras algunas provincias carecen de datos públicos básicos, en otras, la justicia federal sigue saturada de causas por consumo personal, demostrando que la fragmentación solo ha servido para multiplicar la ineficiencia. Este andamiaje legal choca frontalmente con la nueva regulación del cannabis, revelando una esquizofrenia institucional donde el Estado autoriza por un lado lo que persigue ferozmente por el otro.
Argentina atraviesa una contradicción jurídica flagrante. Mientras el REPROCANN y las leyes de cannabis medicinal (27.350 y 27.699) intentan normalizar la siembra, la criminalización ha escalado: las causas por cultivo aumentaron un 248% en los últimos ocho años. El activismo cannábico forzó el debate, pero no pudo frenar la inercia punitiva de unas fuerzas de seguridad que operan en un estado de ignorancia técnica absoluta.
La fuente revela prácticas que rozan el absurdo: policías que, por desconocimiento normativo, confunden un "porro" con una "flor" —a pesar de que la ley no especifica el formato de transporte— o peritos que inflan los números de los allanamientos pesando las plantas con maceta y tierra incluidas, o contabilizando tallos y hojas sin sustancia activa. Esta manipulación de la evidencia busca justificar la "guerra contra las drogas" mediante el abultamiento artificial de decomisos que no resisten un análisis serio de toxicidad. Esta persecución no surge de investigaciones complejas, sino de la dinámica cotidiana de las fuerzas de seguridad en la calle.
El dato que liquida el discurso de la "inteligencia criminal" es este: el 64% de las causas en la justicia federal se inician por "tareas de prevención policial". Es decir, detenciones en la vía pública, requisas en plazas y situaciones de flagrancia. El sistema no investiga; el sistema captura lo que tiene a mano.
Esta selectividad policial convierte a la fuerza de seguridad en el verdadero filtro del sistema judicial. Al alimentarse de casos de "poca monta", la policía define un perfil de sospechoso que rara vez coincide con el de un narcotraficante real. La justicia, entonces, actúa como una escribanía que valida administrativamente el accionar de calle, trasladando toda la responsabilidad de la "prueba" al proceso judicial subsiguiente, donde el objeto del juicio ya no es el hecho, sino la persona.
Ante la falta de criterios precisos para distinguir entre consumo y comercialización, los tribunales argentinos han desplazado su foco: de la sustancia al estilo de vida. El sistema utiliza informes socioambientales y pericias toxicológicas para categorizar a los individuos entre "vulnerables/adictos" —vistos como enfermos sin proyecto de vida— o "traficantes racionales".
La brecha de clase se manifiesta en la interpretación maliciosa de la vida privada. La Dra. Corbelle expone ejemplos magistrales de esta arbitrariedad:
•El caso "Doña Florinda": Un saludo casual entre amigos en WhatsApp fue descontextualizado por un fiscal para presentarlo como un código narco.
•El caso "Flores lindas": Una foto de una joven con su planta en redes sociales fue utilizada como prueba de comercialización, ignorando el derecho a la autoexpresión.
•La prueba del apellido: Un tribunal rechazó un vínculo de amistad porque los acusados solo conocían sus apodos, ignorando los códigos culturales de los sectores populares.
Así, la culpabilidad se construye desde el prejuicio. Poseer una balanza de cocina o estar desempleado se convierte en "indicio de comercio", mientras que tener un trabajo formal es la única salvaguardia para un usuario. Este enfoque subjetivo tiene consecuencias directas en la eficacia del sistema.
La retórica política de "golpes al crimen organizado" se desmorona frente a las estadísticas de la Procunar: el 87% de las causas tienen una o ninguna persona imputada. Solo el 5% involucra a tres o más personas. El sistema no está desarticulando cárteles; está procesando individuos aislados, capturados con cantidades ínfimas de droga.
Esta ineficiencia estadística no es un error, es un síntoma. El sistema funciona como una molienda burocrática de la marginalidad, cazando "mulas" y consumidores para llenar cuotas de éxito político que no afectan en absoluto las estructuras financieras del tráfico. Esta dinámica se traduce en una población carcelaria con un perfil de vulnerabilidad extrema.
La ley de drogas actúa como un filtro que captura la exclusión social, y las cifras de crecimiento de la población carcelaria (343% desde 2002) son el testimonio de este ensañamiento. La feminización de la pobreza es aquí una realidad estadística: mientras el 88% de los detenidos por consumo son hombres, en los eslabones de comercialización la presencia femenina sube al 26%, y en el caso de las personas trans, el crecimiento de detenciones es un astronómico 536%.
Se trata de mujeres jefas de hogar y trabajadoras informales que recurren al narcomenudeo por desesperación económica. El sistema las captura a ellas, los eslabones más reemplazables, mientras las cabezas de las estructuras permanecen intocables. Pero el daño de este sistema no termina con la sentencia, sino que comienza con el proceso mismo.
Aunque solo el 20% de las causas terminan en condena efectiva, el "paso por el sistema" es, en sí mismo, un castigo irreversible. Las personas procesadas pierden sus empleos, agotan sus recursos en defensas legales y sufren un estigma familiar indeleble.
Lo más grave es el costo humano en salud. La fuente menciona casos brutales de usuarios medicinales que, tras el allanamiento y el secuestro de su medicina, sufrieron un deterioro de salud que los llevó al fallecimiento poco tiempo después. El proceso penal funciona como una "pena de banquillo" que mata, literalmente, a ciudadanos que no representan amenaza alguna para la salud pública. Este fracaso obliga a reflexionar sobre la necesidad de un cambio de paradigma.
¿Por qué nada cambia tras 30 años de fracaso evidente? La persistencia en las políticas punitivas responde a una necesidad política de "relato" por encima del dato empírico. La reciente Ley Antimafia es citada por los expertos como el ejemplo más actual de esta inercia: una norma que ignora la evidencia para profundizar en el error punitivista en busca de réditos electorales.
La ineficacia de la Ley 23.737 es absoluta: no ha reducido el consumo ni ha desarticulado el gran tráfico. Existe una responsabilidad compartida entre una política que necesita "culpables rápidos" y operadores judiciales que han naturalizado la violencia institucional y la vulneración de derechos básicos en nombre de una guerra que ya se perdió en las estadísticas.
La urgencia de reformar la Ley 23.737 es, a estas alturas, una cuestión de derechos humanos y racionalidad estatal. El sistema actual es un desperdicio masivo de recursos que solo sirve para gestionar la pobreza y criminalizar la salud.
El llamado a la acción es para los operadores del derecho: deben romper la burbuja dogmática y adoptar una perspectiva multidisciplinaria y empírica. La verdadera lucha contra el narcotráfico requiere inteligencia criminal estratégica dirigida a las finanzas y a las grandes estructuras, y no la simple y cruel criminalización de la vulnerabilidad. Mientras el sistema siga pesando macetas con tierra para fabricar estadísticas de éxito, Argentina seguirá atrapada en una farsa judicial que solo genera cicatrices sociales.
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