Cuando el Estado empieza a sospechar de las víctimas

La autora es jueza penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Miembro del "Foro Argentino de Género, Derechos y Justicia" y de la "Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina".

Los proyectos legislativos pueden ser analizados por aquello que revelan sobre el tiempo político en el que aparecen. El proyecto que propone agravar las consecuencias penales de las denominadas falsas denuncias en contextos de violencia por razones de género es uno de ellos. No porque venga a resolver un problema urgente identificado por la evidencia disponible, sino precisamente por lo contrario: porque coloca en el centro de la escena un fenómeno cuya relevancia estadística no ha sido demostrada, mientras desplaza la atención de problemas cuya existencia resulta indiscutible.

Los datos muestran que las falsas denuncias constituyen un fenómeno marginal. En cambio, la violencia por razones de género continúa siendo una realidad persistente y la subdenuncia una constante. Apenas una minoría de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia recurre al sistema de justicia. Más aún, entre las víctimas de femicidio, sólo una pequeña proporción había formulado denuncias previas contra su agresor.

Es decir, el problema empíricamente verificable no son las falsas denuncias. El problema es que la mayoría de las víctimas nunca llega a denunciar o no logra sostener esa decisión durante el proceso.

Y ello no ocurre porque las víctimas no necesiten acudir a la justicia.

La formulación de una denuncia constituye un acto complejo, especialmente cuando se trata de la pareja o expareja. Para quien la realiza implica asumir la posibilidad de poner fin a una relación afectiva, familiar y económica construida durante años.

Aunque el sistema de justicia no exija la ruptura del vínculo, la denuncia suele vivirse como el comienzo de una transformación radical de la propia vida. Implica afrontar la reacción del agresor, reorganizar la economía doméstica, explicar decisiones a hijos e hijas y convivir con la incertidumbre sobre el futuro inmediato.

También implica sentimientos de culpa. Muchas mujeres experimentan como una carga personal las consecuencias derivadas de la intervención judicial cuando ésta viene acompañada de medidas de protección, restricciones de acercamiento, exclusiones del hogar o incluso condenas posteriores. Aunque se trate de decisiones adoptadas como consecuencia de la conducta ilícita del agresor, muchas veces son vividas con culpa o arrepentimiento, como si fueran el resultado de haber denunciado y no de los actos por los que aquél debe responder.

Por eso denunciar lleva tiempo y requiere políticas públicas.

Es el tiempo de quien necesita reunir fuerzas para modificar su vida. Es el tiempo de quien atraviesa miedo, dependencia económica, aislamiento o años de violencia previa. Paradójicamente, ese mismo tiempo suele jugar en contra de la investigación. Las lesiones desaparecen, los mensajes se borran y los recuerdos pierden la precisión que el proceso judicial exige para reconstruir los hechos.

Numerosos casos llegan al sistema de justicia no a partir de una denuncia, sino por la intervención de terceros o por episodios de flagrancia que motivan la actuación policial en el momento de una agresión. Incluso en esos supuestos, muchas mujeres manifiestan no querer continuar el proceso o no desean medidas de restricción respecto de quien las agredió. Lejos de demostrar falsedad, estas situaciones reflejan la complejidad de los vínculos atravesados por dinámicas de violencia, dependencia y control.

Pero incluso cuando una mujer logra atravesar esas barreras y decide acudir a la justicia, el desafío recién comienza.

La posibilidad de sostener una denuncia depende en gran medida de la existencia de políticas públicas que acompañen esa decisión. La asistencia psicológica, los programas de acompañamiento, los subsidios económicos, los refugios, el patrocinio jurídico y las redes institucionales de contención constituyen las condiciones materiales que permiten que el acceso a la justicia sea efectivo.

Sin independencia económica resulta extremadamente difícil sostener un proceso judicial prolongado. Sin apoyo emocional resulta difícil resistir las presiones familiares y sociales. Sin alternativas habitacionales muchas mujeres terminan regresando al lugar del que intentaban escapar y donde finalmente las matan.

Por eso el contexto importa.

Y el contexto actual se caracteriza precisamente por el debilitamiento de muchas de esas herramientas. La reducción de programas especializados, el recorte de recursos destinados a políticas de género y la desarticulación de dispositivos de asistencia y acompañamiento tienen consecuencias concretas sobre la posibilidad real de sostener procesos judiciales emocionalmente desgastantes.

La paradoja es evidente: se reducen los instrumentos que permiten denunciar y sostener la denuncia mientras se incrementan los riesgos percibidos de hacerlo.

Importa destacar que quienes impulsan esta iniciativa conocen los datos. La información es pública. Se sabe que las falsas denuncias no constituyen un fenómeno masivo. Se sabe que las principales dificultades del sistema se encuentran en la subdenuncia, en las barreras de acceso a la justicia y en la insuficiencia de los mecanismos de protección. Se sabe que prácticamente una mujer por día es víctima de femicidio. En definitiva, la evidencia disponible no justifica una reforma penal de estas características.

Y aun así insisten instalando una discusión que deja de organizarse alrededor de la evidencia y pasa a estructurarse alrededor de identidades, temores y construcciones simbólicas.

Cuando los datos muestran que las mujeres no denuncian y el debate político se concentra en quienes supuestamente denuncian falsamente; cuando la evidencia señala obstáculos de acceso a la justicia y la respuesta consiste en aumentar los riesgos asociados a denunciar, estamos frente a una construcción ideológica. No en el sentido de una mera posición política, sino en el de una narrativa que persiste aun cuando los hechos disponibles no permiten sostenerla.

La idea de una supuesta proliferación de falsas denuncias cumple una función similar a la que desempeña la noción de “ideología de género”: construir una amenaza donde la evidencia no la muestra y desplazar el foco del debate desde la violencia hacia quienes la denuncian.

No se discuten las razones por las cuales las mujeres no denuncian. No se discuten las falencias de los sistemas de protección. No se discuten las consecuencias de la reducción de políticas públicas. El centro de la preocupación pasa a ser la conducta de quienes sí se animan a acudir a la justicia.

El daño comienza mucho antes de la eventual sanción de la ley. Comienza cuando el propio Estado instala la sospecha sobre quienes denuncian. Ese discurso no sólo desalienta a las víctimas y profundiza los obstáculos de acceso a la justicia; también erosiona los consensos jurídicos construidos y habilita cuestionamientos a obligaciones que no son optativas ni ideológicas. Son mandatos constitucionales y convencionales que vinculan a los tres poderes del Estado y exigen prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia por razones de género.

El Poder Judicial deberá considerar qué impacto produce la instalación de estos discursos sobre las mujeres que aún están evaluando denunciar, pues desde ámbitos institucionales pueden desalentar denuncias y profundizar obstáculos ya existentes.

¿Qué escuchan esas mujeres cuando el Estado les dice que las denuncias falsas constituyen un problema prioritario? ¿Qué concluyen cuando los recursos destinados a acompañarlas se reducen mientras se multiplican las advertencias sobre las consecuencias que podrían enfrentar si sus denuncias no prosperan? ¿Qué incentivo tienen para acudir a la justicia cuando el debate público comienza a concentrarse más en la posibilidad de que mientan que en la posibilidad de que estén siendo víctimas de violencia? ¿Qué confianza tendrán en el sistema de justicia?

La aprobación de este proyecto representaría la consolidación de un cambio de paradigma: el desplazamiento de la preocupación institucional desde la violencia hacia quienes la denuncian, desde la protección hacia la sospecha, desde la escucha hacia la desconfianza.

Porque el efecto más grave de este proyecto de ley no sería castigar a quienes mienten.

Sería convencer a quienes dicen la verdad de que es mejor guardar silencio.