El Senado no logró quórum este jueves y se cayó la sesión en medio de una maniobra acordada entre el oficialismo y la oposición dialoguista. En ese contexto, se decidió derivar a comisión los pedidos de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionado por el crecimiento de su patrimonio.
La Comisión de Asuntos Constitucionales fue convocada para el martes próximo, con el objetivo de postergar el avance del tema y ganar tiempo frente a la presión opositora que busca citar al funcionario el 2 de julio.
En paralelo, sigue la disputa por la mayoría necesaria para habilitar el debate en el recinto, con diferencias entre quienes exigen dos tercios y quienes sostienen que alcanza la mayoría absoluta. Mientras tanto, el oficialismo trabaja para asegurar respaldos y evitar una eventual moción de censura en la Cámara alta.
A su vez, tampoco se discutirán hoy los pliegos de cancillería, jueces y el proyecto de propiedad privada impulsado por el oficialismo
La ley de propiedad privada que se iba a debatir hoy en el Senado: extranjerización de tierras, desalojos exprés y cambios en expropiaciones
Con cambios de último momento, el Senado iba a tratar este jueves la iniciativa sobre propiedad privada que redefine el régimen de tierras y suma reformas en desalojos, expropiaciones y manejo del fuego. El texto original, que buscaba eliminar todas las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, tuvo que ser ajustado tras desacuerdos políticos.
Entre las alternativas en estudio figuraba la posibilidad de fijar un límite de extensión para empresas extranjeras y exigir avales múltiples —provincias, Gobierno nacional e incluso el Congreso— en casos donde intervengan actores vinculados a otros Estados.
Aun así, el proyecto mantiene la eliminación de los topes vigentes, delegando en las provincias la autorización de operaciones cuando no participen países extranjeros.
La propuesta también prohíbe la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros o firmas con participación estatal en sus decisiones.
En materia de desalojos, se introduce un esquema exprés para inmuebles usurpados y se conserva el procedimiento actual para el resto de los casos. Se establece un plazo de 10 días para intimar deudas de alquiler y otro período breve para avanzar judicialmente en caso de incumplimiento.
Sobre expropiaciones, el dictamen plantea que la “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva y fija un tope del 30% para indemnizaciones por lucro cesante, con actualización basada en inflación más tasa bancaria.
El capítulo de manejo del fuego, por su parte, elimina la prohibición de cambiar el uso del suelo por 30 años tras incendios en áreas rurales, y queda definir en el caso de los bosques nativos, lo que anticipa nuevas controversias ambientales.
LA SESIÓN
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