Hay algo particularmente preocupante en las crisis económicas que suele quedar escondido detrás de las estadísticas; la pobreza no solamente priva de bienes y oportunidades, también genera mercados.
Cuando una persona no tiene ingresos suficientes para alimentarse, pagar un alquiler, comprar medicamentos o afrontar una necesidad urgente, necesita dinero, aunque no pueda acceder al sistema financiero formal. Y cuando las puertas de ese sistema permanecen cerradas, aparecen otras.
Allí comienza muchas veces el verdadero problema.
El préstamo informal puede presentarse como una solución inmediata para una necesidad concreta, pero rápidamente transformarse en una trampa. Intereses desproporcionados, condiciones abusivas, amenazas, presión permanente y una deuda que crece hasta volverse imposible de pagar.
La necesidad, entonces, deja de ser solamente una consecuencia de la pobreza; se convierte en una fuente de ganancias para quienes saben aprovecharla.
Y esto obliga a formular una pregunta incómoda; ¿qué ocurre cuando una persona que ya se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad termina atrapada entre la pobreza, el hambre, la deuda y el sistema penal?
Porque en determinados contextos existe el riesgo de mirar únicamente el último eslabón de una cadena y olvidar todo lo que ocurrió antes. Se observa el hecho delictivo, pero no siempre se observa la historia que condujo hasta él. Se observa la conducta, pero no siempre el contexto. Se observa al infractor, pero muchas veces permanecen fuera de escena quienes hicieron de la necesidad ajena una oportunidad de negocio.
Esto no significa justificar el delito ni negar la responsabilidad individual. Significa algo mucho más elemental; comprender que el derecho penal no puede analizar determinadas conductas como si hubieran ocurrido en un vacío social.
Una sociedad profundamente desigual produce también diferentes posibilidades de elección. Y cuando la supervivencia se encuentra condicionada por la falta de alimentos, de empleo, de vivienda, de crédito accesible o de protección social, la libertad de decidir se vuelve mucho más estrecha.
El problema aparece cuando el Estado llega primero tarde con las políticas públicas y después demasiado rápido con el castigo.
La respuesta penal puede terminar funcionando como el último capítulo de una historia que comenzó mucho antes; con una familia que no pudo llegar a fin de mes, con una persona que tuvo que pedir dinero para comer, con una deuda que se volvió impagable y con alguien que encontró en esa desesperación una oportunidad para lucrar.
En esas circunstancias, criminalizar sin mirar el contexto puede resultar sencillo. Lo difícil es comprender la complejidad del fenómeno.
También es necesario preguntarse por qué determinadas formas de explotación económica de las personas vulnerables permanecen muchas veces menos visibles que las conductas cometidas por quienes se encuentran en el último escalón de esa cadena.
La pobreza no debería convertirse en una condición que aumente las posibilidades de ingresar al sistema penal. Mucho menos debería convertirse en una oportunidad para que otros construyan negocios sobre ella.
Por eso, frente a estas realidades, la justicia penal tiene que conservar su carácter de última respuesta y no transformarse en el mecanismo encargado de resolver aquello que previamente no pudieron resolver las políticas económicas, sociales y de protección de derechos. Porque una cosa es sancionar un delito y otra muy distinta es utilizar el castigo para administrar las consecuencias de la pobreza.
Cuando el hambre genera deuda, la deuda genera dependencia y la dependencia termina generando exclusión, el Estado no puede limitarse a mirar el último eslabón de la cadena. Debe mirar la cadena completa. Porque una sociedad que solamente castiga a quien cae, pero no interviene sobre quienes lucran con su caída, corre el riesgo de confundir justicia con administración de la desigualdad. Y cuando la pobreza se convierte en negocio para algunos y en puerta de entrada al sistema penal para otros, ya no estamos hablando solamente de economía ni solamente de derecho penal.
Estamos hablando de qué país y clase de sociedad queremos construir.
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