La Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia impulsa un debate legislativo centrado en autonomía, dignidad y libertad individual.
La idea de la “puerta giratoria” funciona como un atajo discursivo que ordena el debate público, justifica el endurecimiento penal y evita discutir las causas profundas de la violencia y la exclusión.
En un contexto de ofensivas contra las políticas de género y los derechos de mujeres y personas LGBTIQ+, el Foro Argentino de Género, Derechos y Justicia impulsa una agenda federal de pensamiento crítico para revisar prácticas judiciales y construir una justicia efectivamente imparcial e igualitaria.
La denuncia por la filtración de datos de una mujer que solicitó misoprostol vuelve a poner en debate la confidencialidad como garantía del ejercicio libre e igualitario de derechos.
La baja de la natalidad suele leerse como una crisis, pero también puede entenderse como el resultado de una libertad ampliada: la posibilidad real de decidir sobre la maternidad y la paternidad en un contexto donde el derecho, los feminismos y las transformaciones sociales desarmaron antiguos mandatos de reproducción obligatoria.
En tiempos de tensión social, exigirle a la Justicia que responda al clima emocional antes que a la Constitución pone en riesgo el equilibrio democrático. Cuando jueces y juezas son presionados para investigar, acusar o condenar más allá de las pruebas, la independencia judicial se debilita y el Estado de derecho comienza a ceder frente a la arbitrariedad.
En un escenario donde no hay rupturas institucionales abiertas pero sí un debilitamiento progresivo de las garantías, América Latina enfrenta una etapa de erosión silenciosa del constitucionalismo democrático, marcada por la pérdida de centralidad de los derechos y la creciente normalización de su restricción en nombre de la eficacia y la gobernabilidad. Por MARIO VELÁZQUEZ y MATÍAS LEANDRO RODRÍGUEZ.
Aunque el delito de falsa denuncia ya existe en el Código Penal, el Senado avanza con un proyecto que endurece las penas específicamente para denuncias vinculadas a violencia de género, abuso sexual y violencia contra niñas, niños y adolescentes. Los propios datos oficiales muestran que esos casos representan una porción mínima del total.
La reforma del Régimen Penal Juvenil en la Argentina redefine el equilibrio dentro de la Justicia. En decisiones centrales del proceso, el poder deja de estar en manos del juez y pasa a depender del aval del fiscal.
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