A más de 40 años del fin del Ente de Calificación Cinematográfica, las resoluciones judiciales que prohíben difundir información sobre funcionarios públicos demuestran que la tentación de censurar sigue viva bajo el ropaje del lenguaje jurídico.
El femicidio de Agostina Vega expone el desmembramiento como algo más que una práctica criminal: una forma extrema de negar la condición humana y ejercer dominio sobre el cuerpo de una niña. El caso interpela no solo al sistema penal, sino a las estructuras que permiten que esa violencia persista.
El debate por la candidatura de María Verónica Michelli expone tensiones de fondo sobre el principio de idoneidad, los límites de la evaluación pública y la persistencia de criterios que, bajo apariencia neutral, pueden reproducir prejuicios y afectar la igualdad en el acceso a la magistratura.
El femicidio de Agostina Vega vuelve a poner en evidencia el límite de un modelo estatal que mide su eficacia por la velocidad de la respuesta penal, pero deja en segundo plano su obligación de prevenir, anticipar riesgos y sostener redes de cuidado que eviten que la violencia llegue a consumarse.
Nombrar a Agostina Vega como lo que era -una niña- no es un detalle menor. Es un acto de justicia simbólica. Es negarse a que el lenguaje diluya la gravedad. Es recordar que detrás de cada expediente hay una historia, un rostro, una vida que merecía ser vivida. Y también es una advertencia.
El avance de respuestas punitivas en el ámbito educativo reabre el debate sobre los límites del Estado para intervenir en conflictos adolescentes y pone en tensión el rol de la escuela, las familias y el sistema judicial.
La Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia impulsa un debate legislativo centrado en autonomía, dignidad y libertad individual.
La idea de la “puerta giratoria” funciona como un atajo discursivo que ordena el debate público, justifica el endurecimiento penal y evita discutir las causas profundas de la violencia y la exclusión.
En un contexto de ofensivas contra las políticas de género y los derechos de mujeres y personas LGBTIQ+, el Foro Argentino de Género, Derechos y Justicia impulsa una agenda federal de pensamiento crítico para revisar prácticas judiciales y construir una justicia efectivamente imparcial e igualitaria.
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