Flavia Ochoa, de la provincia de Córdoba, inició una acción judicial luego de atribuir a una dosis de AstraZeneca el cuadro de síndrome de Guillain-Barré que, según un dictamen médico, le provocó una incapacidad laboral del 75,60%. Reclama una indemnización por los daños que asegura haber sufrido.
Se revocó así la decisión de primera instancia del juez federal Ariel Lijo, quien había desestimado las denuncias. Se busca determinar el motivo de la demora en la adquisición de las dosis.
Lo ordenó la Sala I de Cámara Federal, que indicó que durante la pandemia por COVID-19 "la amistad o la familia imperó por sobre quienes más necesitaban la protección".
La presentación la realizó el fiscal Guillermo Marijuan luego de que el exministro de Economía, Martín Guzmán, afirmara que el asilamiento por COVID-19 fue "una bandera política" de Alberto Fernández.
La aplicación fue muy utilizada durante la pandemia por COVID-19. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a un amparo colectivo. Ordenó borrarlos de manera tal de "no poder ser reutilizados".
La decisión se basó en la Ley de Riesgos del Trabajo y la justicia decidió que el gobierno de Córdoba deberá pagar casi 20 millones de pesos.
La justicia federal emitió la primera resolución sobre el fondo de la cuestión luego de los 200 amparos presentados para no pagar este impuesto para gastos por el Covid-19.
El organizador de un acto en la cancha de Chicago admitió las acusaciones. La condena también incluye dos años a disposición de la justicia.
La insólita medida fue confirmada hace días por la máxima instancia penal del país, la Cámara Federal de Casación Penal. Los detalles de la resolución.
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