En el marco de la causa en la que se investigan los seguros adquiridos por parte del Estado, Alberto Fernández, uno de los implicados, presentó este jueves un escrito ante la Justicia en el que se desligó de las contrataciones.

En el texto remitido al juez Julián Ercolini, señaló que es "una persecución política direccionada desde el sistema penal" y "basada en vaguedades".

En referencia al decreto firmado por él en el que se obligaba al Estado a contratar a Nación Seguros, sostuvo que la idea era que las primas no fueran a parar a manos de “empresas extranjeras”.

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"Se trató de una decisión que buscó que el dinero que el Estado Nacional paga para asegurar sus riesgos, quede en manos del mismo Estado. Tuvo un propósito expreso fundado en razones de política económica que no fue otro que mantener a los recursos del Estado dentro de las arcas públicas y evitar retiros de divisas a través de reaseguros en el extranjero", comentó.

Sobre el broker Héctor Martínez Sosa, esposo de su exsecretaria María Cantero, señaló que no contrataron “productores de seguros”, sino "asesores de seguros".

Y añadió: "Nunca intercedí por él en la contratación de un seguro el Estado. Jamás me pidió que lo hiciera. No tengo ningún vínculo comercial con Héctor Martínez Sosa".

"Luego del dictado el Decreto Nro. 823/2021, ninguna póliza se contrató con la intervención de un productor de seguros. Todos los contratos se hicieron con ‘acuerdos interadministrativos", escribió.

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Fernández afirmó que las denuncias son “ambiguas y vacías de fundamento y no explicaron cuál fue la irregularidad concreta, ni la normativa incumplida, ni mucho menos cómo debería haberse procedido. Simplemente cuestionaron un decreto con esa mirada ideológico-económica, que no es más que una mera oposición a la manera de gestionar el Estado, pero que de ninguna manera constituye un delito".

En el escrito de 48 páginas también criticó a la prensa y a la Justicia: "Lo más grave no es el intento de quienes ejercen la política -en forma mezquina- de utilizar a la Justicia penal como un medio de persecución, sino que efectivamente la Justicia Federal recepte de manera automática aquellas acusaciones, instruyendo arbitrariamente causas judiciales en base a dichos de periodistas y a noticias falsas".